La indagatoria apunta al ingreso masivo de niños y adolescentes en vuelos chárter durante 2025. Al menos 12 adultos chilenos y extranjeros habrían ingresado reiteradamente al país acompañados de grupos de menores con los que no mantenían ningún vínculo familiar.
El Ministerio Público y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) pusieron en marcha una ofensiva legal y penal para esclarecer el ingreso masivo e irregular de niños, niñas y adolescentes (NNA) de nacionalidad haitiana a Chile. El caso, que encendió las alarmas de las autoridades, apunta a la eventual existencia de una red organizada dedicada al tráfico ilícito de menores de edad.
Por un lado, la Fiscalía Nacional confirmó la apertura de una investigación de oficio tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República que detectó deficiencias graves en el control fronterizo. Paralelamente, el director nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum, ingresó una denuncia penal formal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para que se persiga el delito de tráfico de migrantes de carácter reiterado.
La trama quedó al descubierto tras una serie de fiscalizaciones conjuntas realizadas por el SERMIG, la Contraloría y la Policía de Investigaciones (PDI). Los análisis fronterizos revelaron un preocupante patrón de viaje ocurrido entre enero y octubre de 2025: al menos 12 adultos —tanto chilenos como extranjeros— ingresaron de manera reiterada al país bajo la figura de “reunificación nacional”.
Lo alarmante para los fiscalizadores es que cada uno de estos adultos viajaba como supuesto responsable de numerosos contingentes que oscilaban entre los dos y los 18 menores de edad haitianos. Investigaciones preliminares lograron establecer que los acompañantes no poseían vínculos de consanguinidad ni afinidad familiar con los NNA, y que tampoco contaban con las autorizaciones legales obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería para el traslado internacional de menores.
La sospecha institucional apunta a que estos traslados se habrían efectuado a través de vuelos chárter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyos manifiestos de pasajeros y relaciones de tutela no habrían sido debidamente verificados por las autoridades correspondientes ni durante el trayecto ni al momento de pisar suelo chileno.
La gravedad de los hechos, catalogados por el SERMIG como una profunda vulneración de los derechos de la infancia y un ataque directo al principio del interés superior del niño, motivó el nombramiento del Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, para liderar de forma exclusiva las indagatorias penales.
El Ministerio Público busca determinar no solo la responsabilidad de los adultos que transportaban a los menores, sino también dilucidar si existió participación o facilitación por parte de funcionarios públicos que promovieran la entrada ilegal. Asimismo, el SERMIG solicitó que la persecución criminal se extienda a las agencias de viajes, aerolíneas y cualquier tercero que haya facilitado la logística de la presunta red de tráfico, consagrada en el artículo 411 bis del Código Penal.
Tanto la Fiscalía como el Servicio de Migraciones señalaron que los antecedentes ya se encuentran en manos de los equipos persecutores para coordinar las primeras diligencias e implementar de inmediato medidas de protección especial para las víctimas y testigos vulnerables de este caso.
