José Rodríguez Elizondo alerta sobre el impacto de la crisis geopolítica global en Chile y la llegada de una “época sombría”
El abogado y doctor en ciencias sociales, añadió que los mecanismos tradicionales del ordenamiento jurídico son insuficientes hoy en día. En el marco del inicio del año académico del Instituto de Chile, el pasado 10 de junio, el Doctor en Ciencias Sociales José Rodríguez Elizondo alertó sobre el impacto de la crisis geopolítica global en Chile y la llegada de una “época sombría”, en que, los mecanismos tradicionales del ordenamiento jurídico no son suficientes. Durante su conferencia, el académico sostuvo que el sistema internacional transitó del “equilibrio del terror” de la Guerra Fría a un “terror desequilibrante”, marcado por la primacía de la geopolítica sobre el derecho internacional y la pérdida de objetivos de las superpotencias. Elizondo advirtió citando al poeta Bertolt Brecht y a los Papas Francisco y León XIV, que el mundo “vuelve a deslizarse por la cornisa de tiempos sombríos”, lo que los pontífices describieron como una tercera guerra mundial por partes. Según el sociólogo, este escenario global ya no está separado de la realidad local, ya que la fragilidad del orden internacional se derrama hacia el interior de las naciones. En el caso chileno, esto explica la irrupción del crimen organizado transnacional, el narcotráfico y una crisis de representación democrática que no puede ser resuelta únicamente con las herramientas jurídicas y policiales tradicionales. Ante esta emergencia, Rodríguez Elizondo planteó la necesidad urgente de diseñar una “arquitectura nacional de seguridad” liderada por el Jefe de Estado, que coordine de manera flexible inteligencia, tecnología y diplomacia para actualizar las capacidades del Estado. El especialista identificó a la polarización política y al deterioro del sistema educativo como las principales trabas internas para reaccionar a tiempo. En su cierre, hizo un llamado a recuperar la calidad del debate público y “cancelar la cancelación”, rescatando el diálogo respetuoso y la cultura como pilares fundamentales para proteger el desarrollo del país.
Fiscalía y Servicio de Migraciones investigan presunta red de tráfico de más de 200 menores haitianos en Chile
La indagatoria apunta al ingreso masivo de niños y adolescentes en vuelos chárter durante 2025. Al menos 12 adultos chilenos y extranjeros habrían ingresado reiteradamente al país acompañados de grupos de menores con los que no mantenían ningún vínculo familiar. El Ministerio Público y el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) pusieron en marcha una ofensiva legal y penal para esclarecer el ingreso masivo e irregular de niños, niñas y adolescentes (NNA) de nacionalidad haitiana a Chile. El caso, que encendió las alarmas de las autoridades, apunta a la eventual existencia de una red organizada dedicada al tráfico ilícito de menores de edad. Por un lado, la Fiscalía Nacional confirmó la apertura de una investigación de oficio tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República que detectó deficiencias graves en el control fronterizo. Paralelamente, el director nacional del SERMIG, Frank Sauerbaum, ingresó una denuncia penal formal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte para que se persiga el delito de tráfico de migrantes de carácter reiterado. La trama quedó al descubierto tras una serie de fiscalizaciones conjuntas realizadas por el SERMIG, la Contraloría y la Policía de Investigaciones (PDI). Los análisis fronterizos revelaron un preocupante patrón de viaje ocurrido entre enero y octubre de 2025: al menos 12 adultos —tanto chilenos como extranjeros— ingresaron de manera reiterada al país bajo la figura de “reunificación nacional”. Lo alarmante para los fiscalizadores es que cada uno de estos adultos viajaba como supuesto responsable de numerosos contingentes que oscilaban entre los dos y los 18 menores de edad haitianos. Investigaciones preliminares lograron establecer que los acompañantes no poseían vínculos de consanguinidad ni afinidad familiar con los NNA, y que tampoco contaban con las autorizaciones legales obligatorias que exige el artículo 28 de la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería para el traslado internacional de menores. La sospecha institucional apunta a que estos traslados se habrían efectuado a través de vuelos chárter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuyos manifiestos de pasajeros y relaciones de tutela no habrían sido debidamente verificados por las autoridades correspondientes ni durante el trayecto ni al momento de pisar suelo chileno. La gravedad de los hechos, catalogados por el SERMIG como una profunda vulneración de los derechos de la infancia y un ataque directo al principio del interés superior del niño, motivó el nombramiento del Fiscal Regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, para liderar de forma exclusiva las indagatorias penales. El Ministerio Público busca determinar no solo la responsabilidad de los adultos que transportaban a los menores, sino también dilucidar si existió participación o facilitación por parte de funcionarios públicos que promovieran la entrada ilegal. Asimismo, el SERMIG solicitó que la persecución criminal se extienda a las agencias de viajes, aerolíneas y cualquier tercero que haya facilitado la logística de la presunta red de tráfico, consagrada en el artículo 411 bis del Código Penal. Tanto la Fiscalía como el Servicio de Migraciones señalaron que los antecedentes ya se encuentran en manos de los equipos persecutores para coordinar las primeras diligencias e implementar de inmediato medidas de protección especial para las víctimas y testigos vulnerables de este caso.
Hacienda detecta brecha de 9.550US$ millones no reflejada en proyecciones de deuda pública del gobierno anterior
El monto corresponde a la diferencia no explicada entre el aumento del déficit fiscal acumulado y el incremento del stock de deuda informado originalmente para el periodo 2026-2030. El 25 de mayo, se publicó el informe de finanzas publicas correspondiente al primer trimestre de 2026, en este, se detectó una diferencia de $9.559.289 millones de dólares, la cual no fue explicada como un aumento en el nivel de deuda para el periodo 2026-2030, lo anterior generó un cambio en las proyecciones de deuda, según el informe, pasando de un 45% en 2028 a un 45,4% del PIB y un 46,5% del PIB en 2030. Tras esto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se reunió con el ministro de hacienda, Jorge Quiroz, para remitir un oficio en donde se verifique el uso correcto de la metodología y posteriormente realizar un informe acerca de las proyecciones y cifras presentadas para un posterior análisis de las posibles implicancias fiscales. icho documento evaluará las posibles implicancias fiscales de este desfase y determinará si la revisión compromete la sostenibilidad de las cuentas públicas o si requerirá ajustes en el gasto estatal para los próximos años.
Corte de Valparaíso ratifica legalidad de embargos a cuentas bancarias de deudores del CAE
a pesar de que el gobierno aseguró que solo se está interviniendo a quienes que reciben un sueldo mayor a 3,5 millones mensuales. El pasado 11 de junio, la Corte de apelaciones de Valparaíso confirmó la legalidad de los embargos a las cuentas bancarias de los deudores del CAE, por parte de la TGR. A pesar de ello, la Corte frenó los embargos a las cuentas. Esto lo hizo argumentando que “lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley”, puesto que, quienes acceden al crédito, lo hacen debido a la imposibilidad de acceder a estudios superiores a falta de recursos económicos. La corte agregó que las deudas derivadas del CAE tendrían naturaleza civil o contractual, por lo que “no podrían ser perseguidas mediante el procedimiento ejecutivo regulado en el Código Tributario”. Sin embargo, la Corte estimó que esa discusión debe resolverse en la sede correspondiente y no a través del recurso de protección. De todos modos, el ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, asumió que se realizaron embargos a deudores del CAE que reciben sueldos inferiores a 3,5 millones de pesos, a pesar de que la TGR aseguró que no se iba a hacer. Hay decenas de denuncias en redes sociales respecto a ello.