Desplazamientos forzados por violencia armada se toman Colombia
La Defensoría del Pueblo alerta sobre la gravedad de la crisis humanitaria, donde confluyen los enfrentamientos entre grupos armados y desastres ambientales, y recalca que el Consejo Nacional Política Económica y Social es fundamental para una respuesta integral. Colombia se ha consolidado como el segundo país con mayor desplazamiento interno por conflicto armado a nivel mundial. Según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y la Defensoría del Pueblo, la cifra de afectados superó los 7.2 millones de personas, en un contexto donde, por primera vez, los desplazamientos provocados por las hostilidades superaron a los ocasionados por desastres naturales. Durante el año 2025, la defensoría documentó aproximadamente 107.900 personas perjudicadas por desplazamientos masivos y más de 128.800 por confinamiento, afectando principalmente a regiones como Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó. Esta tendencia crítica persiste en 2026, ya que entre enero y mayo se han registrado 46 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a más de 8.249 personas, además de 31 eventos de confinamiento que restringen la movilidad de otros 45.869 ciudadanos. Un factor de alarma es que en 2025, los desastres asociados a más de 143.000 personas en 13 departamentos. En el 90% de estos eventos, la población ya había sido desplazada previamente por el conflicto armado, lo que profundiza el estado de vulnerabilidad y debilita la respuesta institucional. Frente a esto, la defensoría del pueblo ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Defensa e Interior, y a la Unidad para las Víctimas, esto con la intención de fortalecer la protección de la población civil y avanzar en la resolución de conflictos. Las autoridades enfatizan que la respuesta debe trascender la asistencia humanitaria mediante la implementación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es un instrumento esencial para lograr soluciones duraderas, es decir, reducir la pobreza y garantizar una respuesta articulada frente a la movilidad humana forzada en el territorio nacional. Fuentes: https://www.defensoria.gov.co/-/informe-global-constata-alarmante-panorama-de-desplazamiento-y-confinamiento
Francia enfrenta crisis de seguridad escolar por denuncias de abuso infantil
Actualmente, se encuentran vigentes más de 100 denuncias por maltrato, violencia física y violación de niños por parte de funcionarios. El Ministerio de Justicia anunció la reapertura masiva de investigaciones por pedocriminalidad, esto coincide con una notificación formal enviada al Ministerio de Educación para exigir un registro público de antecedentes a los visitantes externos en las escuelas. Frente a esto, Francia atraviesa una profunda crisis de confianza en su sistema educativo y judicial tras el anuncio de la reapertura masiva de 70.000 investigaciones por abuso infantil y un ultimátum lanzado por el profesor Lionel Labosse contra el Ministro Édouard Géprey. El pasado 9 de junio de 2026, Lionel Labosse, profesor de letras en île-de-France, formalizó una notificación formal (mise en demeure) dirigida al titular de educación nacional. A través de esta carta exige la implementación del Registro Público de Vigilancia de Intervinientes Exteriores (RPVI), un portal donde los padres pueden consultar antecedentes judiciales y disciplinarios. Las cifras de comisiones especializadas estiman que 160.000 niños son víctimas de violencia sexual cada año en Francia, por lo que el docente critica que, mientras se aplican “listas” estrictas para ciudadanos comunes, las investigaciones seguiran abiertas, y por consecuencia, seguirán teniendo acceso a los menores en las escuelas. Negligencia Institucional Tras el anuncio gubernamental de reabrir 70.000 expedientes de pedocriminalidad a raíz del “caso Liana”, una menor agredida por un individuo ya conocido por las instalaciones, Labrosse califica este anuncio como prueba de negligencia institucional, por lo que da pie a cuestionar quién dio la orden de cerrar inicialmente los procedimientos que ahora son reactivados. Para finalizar, el colectivo liderado por Labosse ha otorgado un plazo legal de dos meses al ministerio de educación para responder acerca de la creación del RPVI. De no obtener una respuesta satisfactoria, los demandantes planean elevar el caso al tribunal administrativo. Mientras tanto, los padres y consejos de administración escolar actúan de forma independiente para negar el acceso a personas externas al establecimiento. Fuentes Bibliograficas:
