La Defensoría del Pueblo alerta sobre la gravedad de la crisis humanitaria, donde confluyen los enfrentamientos entre grupos armados y desastres ambientales, y recalca que el Consejo Nacional Política Económica y Social es fundamental para una respuesta integral.
Colombia se ha consolidado como el segundo país con mayor desplazamiento interno por conflicto armado a nivel mundial. Según datos del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) y la Defensoría del Pueblo, la cifra de afectados superó los 7.2 millones de personas, en un contexto donde, por primera vez, los desplazamientos provocados por las hostilidades superaron a los ocasionados por desastres naturales.
Durante el año 2025, la defensoría documentó aproximadamente 107.900 personas perjudicadas por desplazamientos masivos y más de 128.800 por confinamiento, afectando principalmente a regiones como Norte de Santander, Nariño, Cauca, Antioquia y Chocó. Esta tendencia crítica persiste en 2026, ya que entre enero y mayo se han registrado 46 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a más de 8.249 personas, además de 31 eventos de confinamiento que restringen la movilidad de otros 45.869 ciudadanos.
Mapa de regiones afectadas en Colombia.
Regiones afectadas por desplazamiento forzado, Colombia | Floreo
Un factor de alarma es que en 2025, los desastres asociados a más de 143.000 personas en 13 departamentos. En el 90% de estos eventos, la población ya había sido desplazada previamente por el conflicto armado, lo que profundiza el estado de vulnerabilidad y debilita la respuesta institucional.
Frente a esto, la defensoría del pueblo ha hecho un llamado urgente al Ministerio de Defensa e Interior, y a la Unidad para las Víctimas, esto con la intención de fortalecer la protección de la población civil y avanzar en la resolución de conflictos. Las autoridades enfatizan que la respuesta debe trascender la asistencia humanitaria mediante la implementación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es un instrumento esencial para lograr soluciones duraderas, es decir, reducir la pobreza y garantizar una respuesta articulada frente a la movilidad humana forzada en el territorio nacional.
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