El caos logístico de la ONPE, las alegaciones de fraude sin respaldo y una intensa polarización fueron los elementos centrales de los eventos más inciertos de la última década; debido a ello, se ha consolidado una crisis estructural que el nuevo gobierno necesariamente deberá abordar.
Las elecciones generales de 2026 reafirmaron la inestabilidad constante en el ámbito político de Perú. Lejos de ser la solución que el país requería tras años de fragmentación, se convirtieron en el núcleo de una crisis tanto gubernamental como postelectoral. El proceso electoral culminó con la proclamación de Keiko Fujimori como ganadora de la segunda vuelta, después de un camino accidentado que incluyó la renuncia de la ONPE y una reactivación masiva de narrativas conspirativas en Lima.
El colapso logístico en la empresa Galaga complicó la entrega de material electoral en Lima.
La empresa Galaga, contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no entregó el material electoral a tiempo en Lima Metropolitana. Este contratiempo impidió que más de 52,000 ciudadanos votaran en un principio, lo que llevó al Jurado Nacional de Elecciones a ampliar el periodo de votación hasta el lunes 13 de abril.
Esta desregulación sirvió como combustible para las narrativas de fraude. Candidatos como Rafael López Aliaga denunciaron un fraude electoral y un sabotaje intencionado, y exigieron la detención del jefe de la ONPE, Piero Corvetto.
Ante esto, la presión política y judicial no tardó en reaccionar, ya que el exgerente de gestión electoral de la ONPE, José Samame Blas, fue arrestado bajo la sospecha de omisión de actos funcionales, tras revelarse alertas previas de la Contraloría sobre riesgos en la distribución que fueron desestimadas. Finalmente, la investigación contra su superior, Piero Corvetto (jefe de la ONPE), sigue en curso.
En este marco de descrédito institucional, los resultados de la primera vuelta posicionaron a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez con una diferencia mínima de aproximadamente 40,000 votos, lo que generó denuncias de fraude junto con Ricardo Belmont. Sin embargo, ninguno presentó pruebas concretas.
Estas acusaciones, acompañadas de llamados a la movilización, tensan aún más el clima político. No obstante, la Defensoría del Pueblo ha descartado categóricamente la existencia de fraude, afirmando que no hay evidencias técnicas ni jurídicas.
Esto hace que el nuevo gobierno de Fujimori inicie su mandato bajo la sombra de un sistema electoral cuya confianza ciudadana ha caído al 22%, según Roberto Burneo, actual presidente del Jurado Nacional. Por este motivo, los expertos advierten que una polarización afectiva, en la que el votante elige no por convicción, sino por rechazar al otro candidato, dificultará cualquier intento de reforma estructural.
