Asociación Chilena de municipalidades muestra descontento por la ley que pretende eliminar contribuciones a primera vivienda

La ACHM firmó una declaración en conjunto manifestando su preocupación frente a “medidas que puedan debilitar la gestión municipal y disminuir sus recursos” (Foto de Prensa Presidencia) Ayer se llevó a cabo el encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas en La Serena, en el cual, también participó el presidente Jose Antonio Kast. Este tuvo un foco en el financiamiento, salud y seguridad municipal. Otro de los temas mencionados fueron las contribuciones, con énfasis en el Fondo Común Municipal (FCM). En el transcurso de la jornada, las autoridades municipales entregaron una declaración en conjunto. Está planteó la necesidad de fortalecer el FCM, crear una nueva ley de rentas para las municipalidades y abrir una agenda de trabajo en áreas prioritarias como educación, salud y seguridad. Conversación de Matias Toledo con Kast Tras esto, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, sostuvo una conversación con el Presidente Kast respecto a la ley que pretende eliminar las contribuciones a la primera vivienda en adultos mayores, en esta le comentó que esto va a “hacer sufrir a todas las municipalidades de Chile, no solamente porque va a haber una baja de lo que recibe del FCM, sino porque los municipios son quienes van a absorber los gastos” La visión de una economista En contraparte, Cecilia Cifuentes, Magister en economía de la Pontificia Universidad Católica menciona que, de ser aprobada la ley, se vería afectada la recaudación de contribuciones en una magnitud no muy considerable, porque hay bastantes restricciones para acceder al beneficio. Sí se verían más afectados los municipios que tienen más recursos, “que son los que más reciben dinero de este impuesto”. Destacó también, que hay que cuestionar la eficiencia con que los municipios están usando esos recursos. Gráficos de las comunas que más contribuyen al FCM y las que más reciben dinero de este fondo.
Asociación Chilena de Municipalidades acusa de nula voluntad de dialogo al ministro Quiroz

La asociación exige garantías de que no habrá disminuciones en los ingresos municipales La Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) publicó una declaración en la que acusan al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de tener “Nula voluntad de Dialogo” frente a las y los alcaldes con respecto al proyecto de ley que pretende eliminar las contribuciones a la primera vivienda en adultos mayores, todo esto, la semana pasada. Respecto a la eliminación de contribuciones de personas mayores de 65 años En la reunión, los alcaldes mostraron inquietudes sobre los efectos que podría tener este proyecto en la recaudación de ingresos para cada municipio. por el otro lado, Hacienda comenta que de concretarse la ley, serían 200 millones de dólares menos en recaudación, pero que no tendría un impacto significativo para las comunas. Para mitigar el impacto, el estado repondrá 130$ millones, aunque Quiroz no explicó que va a pasar con los 70$ millones restantes. La organización, comenta, que “no es posible avanzar en una propuesta de esta naturaleza si no se garantiza expresamente que no habrá disminución de ingresos municipales ni afectación a la autonomía presupuestaria de los municipios” Llamado al gobierno También hacen un llamado al gobierno a no continuar con el proyecto mientras no haya garantías de que no va perjudicar el bolsillo de los municipios, y también le solicitaron a el Congreso de la República a no aprobar el proyecto hasta que hayan espacios formales de conversación entre las municipalidades.
Senado despacha a ley el aumento del sueldo mínimo

Pasó a ser $553.553 y ahora espera la aprobación del presidente. Hoy, martes 16 de junio, el senado despachó el proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual, que buscaba subir la cifra de $539.000 pesos a $553.553, para mayores de 18 años y menores de 65. Ahora espera ser aprobada por el Presidente de la república. A contar del primero de enero del 2027, el sueldo mínimo se reajustará según dicte el Instituto Nacional de Estadísticas, dependiendo de la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026. Junto a esto, el ingreso mínimo mensual para los trabajadores menores de 18 años de edad y mayores de 65 años de edad se elevará, de $402.082 a $412.938 pesos. A pesar de esto, el alza en los sueldos no quedó exenta de polémicas. Según los senadores Alejandra Sepúlveda, Gastón Saavedra y Ricardo Celis, “el incremento es incapaz de ganarle a la inflación acumulada y al valor de los servicios más básicos”.
Hacienda detecta brecha de 9.550US$ millones no reflejada en proyecciones de deuda pública del gobierno anterior

El monto corresponde a la diferencia no explicada entre el aumento del déficit fiscal acumulado y el incremento del stock de deuda informado originalmente para el periodo 2026-2030. El 25 de mayo, se publicó el informe de finanzas publicas correspondiente al primer trimestre de 2026, en este, se detectó una diferencia de $9.559.289 millones de dólares, la cual no fue explicada como un aumento en el nivel de deuda para el periodo 2026-2030, lo anterior generó un cambio en las proyecciones de deuda, según el informe, pasando de un 45% en 2028 a un 45,4% del PIB y un 46,5% del PIB en 2030. Tras esto, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se reunió con el ministro de hacienda, Jorge Quiroz, para remitir un oficio en donde se verifique el uso correcto de la metodología y posteriormente realizar un informe acerca de las proyecciones y cifras presentadas para un posterior análisis de las posibles implicancias fiscales. icho documento evaluará las posibles implicancias fiscales de este desfase y determinará si la revisión compromete la sostenibilidad de las cuentas públicas o si requerirá ajustes en el gasto estatal para los próximos años.
Corte de Valparaíso ratifica legalidad de embargos a cuentas bancarias de deudores del CAE
a pesar de que el gobierno aseguró que solo se está interviniendo a quienes que reciben un sueldo mayor a 3,5 millones mensuales. El pasado 11 de junio, la Corte de apelaciones de Valparaíso confirmó la legalidad de los embargos a las cuentas bancarias de los deudores del CAE, por parte de la TGR. A pesar de ello, la Corte frenó los embargos a las cuentas. Esto lo hizo argumentando que “lesiona la garantía constitucional de igualdad ante la ley”, puesto que, quienes acceden al crédito, lo hacen debido a la imposibilidad de acceder a estudios superiores a falta de recursos económicos. La corte agregó que las deudas derivadas del CAE tendrían naturaleza civil o contractual, por lo que “no podrían ser perseguidas mediante el procedimiento ejecutivo regulado en el Código Tributario”. Sin embargo, la Corte estimó que esa discusión debe resolverse en la sede correspondiente y no a través del recurso de protección. De todos modos, el ministro de Hacienda de Chile, Jorge Quiroz, asumió que se realizaron embargos a deudores del CAE que reciben sueldos inferiores a 3,5 millones de pesos, a pesar de que la TGR aseguró que no se iba a hacer. Hay decenas de denuncias en redes sociales respecto a ello.