El caso de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron al país bajo el amparo de visas de reunificación familiar ha dado un vuelco clave. Tras la alerta encendida por un informe de la Contraloría General de la República, las investigaciones del Ministerio Público y las policías apuntan a un masivo fallo de registro institucional.
El caso escaló rápidamente en la agenda pública luego de que el órgano contralor revelara fallas de fiscalización por parte del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) entre 2024 y 2025. Se denunció que adultos específicos ingresaban al país con delegaciones de hasta 34 menores en un solo vuelo y que, tras una fiscalización aleatoria en 105 hogares, el Estado no logró dar con el paradero de 64 de ellos.
Ante el riesgo inminente de un eventual delito de tráfico de personas o vulneración de derechos, el Ministerio del Interior instruyó la creación de una fuerza de tarea policial. Sin embargo, con el paso de los días, las alarmas penales se han ido disipando.
Según confirmaron fuentes policiales, la Policía de Investigaciones (PDI) ha logrado localizar de forma presencial a la gran mayoría de los menores catalogados como “inubicables”. Los informes internos detallan que los niños se encuentran en buen estado de salud, escolarizados y viviendo con sus padres o tutores legales.